“En las cárceles argentinas muere una persona cada 38
horas. Esto pasa porque, entre otras cuestiones, la Justicia es incondicional a
la tortura y la muerte”, dijo Abel Córdoba, fiscal titular de la flamante
Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional) creada por la procuradora
general Alejandra Gils Carbó, durante una entrevista con Página/12. Córdoba
relató las acciones del flamante organismo que en cuatro meses generó
actuaciones que nunca antes había movilizado la Justicia y describió las condiciones
de vida de los presos en las cárceles como “infrazoológicas: si hubiera
animales, la sociedad y las organizaciones de defensa de los animales no lo
tolerarían”. La Procuvin lleva adelante causas como la desaparición de Luciano
Arruga, el ataque de la Metropolitana en el Borda, las cadenas de la cárcel de
Córdoba o el hacinamiento en la cárcel de Mendoza.
–¿Cuál
fue el motivo de la creación de la Procuvin?
–Dentro de la
política que implementó la procuradora general Gils Carbó, el primer trabajo
fue determinar aquellas materias en las que había que reforzar la actividad
fiscal por respuestas deficientes del sistema judicial o por la gravedad de los
hechos. En violencia institucional tenemos los dos factores, las respuestas
deficientes a una vulneración de derechos humanos constante y masiva.
–¿A qué
se refiere con masiva?
–Que afecta a decenas
de miles de personas. La población total de personas detenidas en el país es de
más de 60 mil, quizá sea de 65 mil personas. A disposición de la Justicia
federal hay alrededor de 14 mil. Tomando en cuenta lo que sabemos sobre la
realidad carcelaria, torturas, vulneración de todos los derechos, no vemos una
respuesta judicial acorde.
–¿Cómo es
que funciona el mecanismo que sostiene la vulneración?
–Son crímenes que funcionan
con una legitimación, se supone que son la consecuencia del funcionamiento
institucional, que para que la cárcel funcione, necesariamente va a avasallar
derechos y eso está justificado, que para que la policía haga procedimientos
enérgicos para cumplir sus fines va a tener que avasallar derechos. Esa primera
legitimación tiene que ver con una institución que está cometiendo crímenes, la
penitenciaría, la policía o la Justicia.
–¿Qué
tipo de crímenes son los que detectaron durante sus intervenciones?
–Como dice Zaffaroni,
hoy tenemos la pena de pasar un determinado tiempo en prisión a lo que se le
suma una pena de muerte aleatoria. De las 60 mil personas detenidas sabemos ya
que de acá a un año van a morir trescientas personas. No sabemos cuáles ni habrá
sustento legal para seleccionarlas. Hoy mandar una persona a la cárcel implica
la pena de privación de libertad, de privación del sistema de salud, la de
exclusión del sistema educativo, el sometimiento a torturas, y todo ese
contenido de la pena es ilícito.
–¿Trescientas
personas en un año?
–En el sistema
nacional muere una persona cada 37 o 38 horas.
–¿Incluye
todas las jurisdicciones?
–Todas las personas
encerradas en el país.
–Es
decir, trescientas condenas a muerte sin existir la condena a muerte. ¿Son
muertes violentas o por desatención?
–Hay de todo, el modo
de producir la muerte es la omisión de todo. Es encerrar a una persona y no
permitirle el acceso a ninguna asistencia. Hay personas que mueren por una
infección de una muela, no las atienden y terminan muriendo de una causal
propia del siglo XIX, o por tuberculosis; y también está la consecuencia
directa del gobierno penitenciario que son los suicidios. En los espacios de
encierro, lejos de poder ser considerados un fenómeno individual propio de la
conducta de la persona que decide matarse, es parte de la presión
penitenciaria.
–Al
recorrer los lugares de detención, ¿con qué se encontraron?
–Constatamos que las
condiciones son infrazoológicas. Si hubiera animales, la sociedad y las
organizaciones protectoras no tolerarían que estuvieran en esas condiciones. El
límite de la violación de derechos es la resistencia biológica de las personas,
lo dicen los propios médicos penitenciarios. No se mueren todos porque son
jóvenes, y el cuerpo les aguanta. Es el único respaldo que hay, el único
paraguas.
–Y no
viene dado por el Estado.
–No viene dado por la
legalidad, se muestra como componente de la democracia incompleta que tiene
estos dos grandes nichos pendientes, lo policial y lo penitenciario, y lo judicial,
que es incondicional a las muertes y las torturas.
–¿Podría
ampliar esto que menciona como los nichos pendientes de la democracia?
–Si constatamos la
dinámica policial, por ejemplo, en algunos hechos donde hay muertos, donde hay
situaciones que indican que hay responsabilidad de la fuerza (policial) o que
son consecuencia de un hostigamiento previo que deriva en una desaparición, se
trata de resabios de una dinámica ilegal de la fuerza que lleva décadas y que
ya son compatibles con la democracia. Ya no hay que sacar la cuenta de cuántos
años de democracia hace que esto ocurre, porque ya está demostrado que a 30
años de democracia eso no se corrige. Puede funcionar igual, la fuerza puede
tener conductas ilícitas constantes sin que sea incompatible con la democracia,
con lo que requiere de un abordaje distinto. En las cárceles pasa lo mismo.
Ahora, si esa cifra de una muerte cada 38 horas, que es una cantidad
escandalosa, se duplicara no parece que el sistema judicial reaccionaría porque
tiene una posición de incondicionalidad con esa violencia. Por eso, el
Ministerio Público tiene que intervenir.
–¿Por qué
cree que se produce esa incondicionalidad?
–Tiene que ver con la
legitimación. Son sectores sociales criminalizados, la dificultad de ver a esas
personas que la Justicia encarcela como víctimas, se supone que son
victimarios, y aun cuando sean víctimas de tortura, no se toma en cuenta su
palabra. En Reconquista pasó (Página/12 publicó el caso en abril y mayo
pasados), el juez dio por probado el discurso policial y desconfió de las
víctimas. Quedaron detenidas las víctimas, por el discurso de la policía, y no
los policías, porque no se le dio entidad a la palabra de las víctimas. También
estamos trabajando mucho en sacar los casos de la excepcionalidad, porque
cuando vemos un video de torturas, la primera reacción oficial es considerarlo
un hecho aislado, una manzana podrida, y eso permite no hacerse cargo de que se
trata de una dinámica institucional constante, y aparece como un hecho
excepcional. Pero lo excepcional es acceder a ese video, la tortura es
constante. Si se considera que es producto de la conducta de un delincuente se
solapa la dinámica institucional.
–Antes
mencionaba las condiciones de alojamiento carcelario y las definió con un
término impactante: infrazoológicas.
–Sí, las condiciones
infrazoológicas de detención son equivalentes a los centros clandestinos de
detención. Uno entra a celdas de dos por dos donde hay seis personas tiradas,
las paredes están llenas de cucarachas, donde cuesta estar, es doloroso,
violento sólo ir a comprobarlo...
–Ya que
lo compara con los centros clandestinos ¿podría tratarse como un delito de lesa
humanidad?
–Afecta en términos
masivos a una población inmensa. Habría que debatirlo, pero creo que tiene
material como para que se lo trate de esa manera. Yo trabajé en delitos de lesa
humanidad en Bahía Blanca. Siempre me imaginé a partir del relato de las
víctimas cómo eran los centros clandestinos de detención. En la fantasía serían
lugares oscuros, sucios. Cuando fui a algunos pabellones de las cárceles la
sensación que tuve es que estaba constatando las condiciones relatadas por las
víctimas de los centros clandestinos, en otro contexto, son otras víctimas,
pero hay una continuidad y hay algo que resulta intolerable, que es que los
hábeas corpus se sigan resolviendo como los resolvían los jueces durante la
dictadura, mirando para otro lado, incorporando el discurso del agresor.
Reportagem de
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