Los
médicos de Ecuador han concluido una semana de
manifestaciones en contra del nuevo Código Penal. Se oponen especialmente al
artículo 146 que habla del homicidio culposo por mala práctica médica y tendría
una pena de prisión de tres a seis años. Además, hay otros 18 artículos más que
afectarían al ejercicio de los doctores, según explica Alberto Narváez,
presidente de la Federación
Médica Ecuatoriana (FME).
La aspiración del
gremio es que el texto penal, que ya fue aprobado por la Asamblea Nacional, sea
vetado por el Ejecutivo. El asambleísta Mauro Andino, presidente de la Comisión
de Justicia, dijo a El PAIS que el nuevo código - que tiene 881 artículos y 440
páginas - todavía no es definitivo y que llegará al Ejecutivo en unas tres
semanas.
“Nosotros confiamos en
este proceso de resistencia y también en el veto a estos artículos”, dice
Víctor Álvarez, presidente del Colegio
de Médicos de Pichincha. “Hemos trabajado en un
capítulo especial que se puede llamar responsabilidad médica y que puede
incluirse en la Ley Orgánica de Salud”.
Los médicos están de
acuerdo con el control de su labor profesional, pero no quieren que se sancione
por la vía penal. “No decimos que no se sancione, pero que se sancione en lo
civil. Las lesiones son frecuentes en medicina y no podemos enfrentar uno o dos
juicios cada año”, dice el presidente de la Federación Médica.
La medida de presión
más preocupante de esta semana fue el anuncio de renuncia de todos los médicos
de uno de los hospitales de Quito, el Pablo Arturo Suárez, que es la referencia
para un millón de personas que vive en el norte de la capital y en las
poblaciones aledañas. La consulta ambulatoria y las cirugías programadas se
alteraron durante dos días como consecuencia.
La amenaza de
renuncia masiva de los médicos se replicó en otras ciudades y la FME
contabilizó unas 5.000 posibles dimisiones en todo el país. Mandiles blancos y
listones negros colgados en las verjas de los hospitales emblemáticos,
plantones y vigilias en las plazas principales han sido las estampas de esta
semana.
Pero el malestar por
la penalización de la mala práctica médica es solo un escollo en la relación de
los médicos con el Gobierno. Los impases comenzaron en 2011, cuando los casi
20.000 profesionales de la salud tuvieron que pasar de cuatro a ocho horas de
trabajo como cualquier otro funcionario público.
Los doctores que no
pudieron compaginar su trabajo en el sector público con sus actividades a nivel
privado tuvieron que renunciar. A esto se sumó la desvinculación de 200
trabajadores, a finales de 2011, por supuesta corrupción y mal desempeño de sus
funciones.
Todo esto agudizó el
déficit de personal, que se hizo evidente por el aumento de la demanda que
generó la gratuidad del sistema sanitario. Entre 2006 y 2011 se pasó de 16,2
millones de consultas a 34,4 millones, según el Ministerio de Salud.
El reemplazo del
personal desvinculado no se ha hecho efectivo hasta la fecha. En 2012 se
anunciaron tres concursos de méritos y oposición para dar nombramiento a 20.000
personas, pero ninguno de estos procesos ha concluido. La última vez que hubo
noticias de los nuevos nombramientos fue en enero de este año, cuando se
hicieron públicos 500 dictámenes favorables, aunque eran personas que ya
trabajaban en el sistema público de salud bajo la modalidad de contrato.
El inventario del
malestar de los médicos estaba resumido en el cartel que cargaba una doctora
que participó en la vigilia del pasado jueves en la sede del Gobierno, pero que
se negó a dar su nombre por miedo a las represalias. “Se suspendieron los
concursos, despidieron a colegas, redujeron nuestros sueldos y ahora a la
cárcel. Basta de tanta agresión”, decía el letrero. La profesional contó que
ahora todo se trata de números, que tiene que atender a más de 30 pacientes por
día y que no cuenta con los recursos necesarios.
Reportagem de Soraya Constante
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigada pela visita e pelo comentário!